Conductores afiliados al servicio de transporte privado Uber necesitarán permiso para trabajar en Ciudad de México y la empresa tendrá que hacer aportes a un fondo, según un borrador de regulación visto por Reuters que sería el primero en su tipo en Latinoamérica.
La propuesta de regulación prohíbe que servicios como Uber acepten pagos en efectivo de sus clientes, que les ofrezcan planes prepagados o que usen las paradas establecidas para los taxis.
Uber tendría que pagar al Gobierno de la ciudad de México 1,599 pesos al año por el permiso para cada vehículo afiliado a su plataforma y entregar cerca del 1.5% de la facturación local a un recién creado fondo de transporte de la ciudad, dijo a Reuters el martes un funcionario de la secretaría de Movilidad de la ciudad.
El plan aún está siendo negociado y podría cambiar antes de la fecha esperada de la publicación, la semana próxima, agregó el funcionario.
Uber no tiene problema en pagar costos que la pongan en un campo de juego parejo con los taxis locales, dijo la portavoz de la empresa Ana Paula Blanco, pero prefirió no comentar acerca de las cifras exactas antes de que se hagan oficiales.
Uber lanzó su servicio en el enorme mercado de Ciudad de México en el 2013, y dice que tiene unos 300,000 usuarios.
Rubén Alcántara, el líder de una asociación de taxis que mostró a Reuters el borrador, dijo que le fue informado, en una reunión el martes con el secretario de Movilidad de la ciudad, Rufino León, que Uber tendría que pagar entre un 3% y 5% de sus ingresos al fondo de transporte.
No pudo explicar la discrepancia con las cifras ofrecidas por el funcionario de la secretaria, quien también estaba en esa reunión.
En Ciudad de México operan unos 140,000 taxis registrados, y los taxistas han organizado protestas en las calles en contra de Uber, pidiendo que sea prohibido. La empresa también enfrenta problemas similares en otros países de Latinoamérica.
Legisladores en Sao Paulo, la mayor ciudad y centro financiero de Brasil, y en la capital Brasilia votaron a favor de prohibir Uber luego de protestas de los taxistas locales, y el Gobierno paulista ha decomisado 23 vehículos desde agosto. Esas regulaciones aún requieren de aprobación ejecutiva.